Presidenta encargada de Venezuela firma la ley para la liberación de presos por motivos políticos
CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez firmó el jueves la Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos aprobada por la Asamblea, apenas 20 días después de presentarla para potenciar la convivencia y el diálogo con los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.
La mandataria encargada pidió, luego de la firma en palacio presidencial de Miraflores, que se active con la “máxima celeridad” la revisión de los casos “no contemplados” en la Ley de Amnistía y que se den las recomendaciones pertinentes para curar heridas y para reencauzar la convivencia democrática y la justicia.
Los legisladores de la Asamblea unicameral aprobaron poco antes por unanimidad la ley que entrará en vigor luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
La norma —que llegó al debate legislativo después del ataque militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó el 3 de enero al entonces presidente Nicolás Maduro— se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.
La presidenta encargada, quien fue juramentada el 5 de enero —dos días después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas—, ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.
La mandataria en funciones y sus aliados han dicho que aspiran a que la ley se convierta en una herramienta para potenciar el diálogo con los sectores políticos, económicos y sociales del país.
La Ley de Amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y de organizaciones de derechos humanos y cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La demanda de una amnistía se profundizó especialmente luego de que Maduro fue capturado.
Punto polémico
Uno de los puntos conflictivos de la ley —que obligó a diferir la semana pasada el debate— radicaba en si se podía conceder amnistía a las personas que abandonaron el país para evitar un arresto. El proyecto de ley establecía que los exiliados debían “ponerse a derecho” ante un tribunal antes de acogerse a la amnistía.
El problema fue superado con una modificación que estableció que “excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado” a un abogado de su confianza y elección, “sin que sea necesaria ninguna otra formalidad”.
“Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía”, destacó la modificación.
Críticas sobre el número de liberados
El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros, pero las familias y los observadores de derechos humanos han criticado a las autoridades por la lentitud en el ritmo de las liberaciones.
Voceros del gobierno han dicho que han sido liberados casi 900 reclusos desde diciembre, aunque el Foro Penal —que monitorea la situación de los presos— registraba hasta el miércoles la liberación de 448 personas.
El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
Familiares de presos y activistas han recibido con cautela la norma y exigido al gobierno que la amnistía no sea restringida ni selectiva, sino que abarque a una amplia gama de hechos considerados punibles y que la totalidad de los presos por razones políticas sean liberados.
La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de los derechos humanos y rebelión militar.
Se aplicará a los detenidos durante los mandatos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) en 12 momentos específicos, entre ellos el paro petrolero de 2003 y las protestas de 2017 y 2024, éstas últimas cuando el organismo electoral, leal al partido gobernante, declaró a Maduro ganador de la elección presidencial pese a que la oposición presentó pruebas creíbles de que su candidato había sido el triunfador.
La gente protestó en todo el país y el gobierno respondió con fuerza, arrestando a más de 2.000 personas. La mayoría fue liberada en los meses siguientes, pero los cargos en su contra se mantienen y deben presentarse regularmente ante los tribunales.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, indicó en la red social X que el instrumento legal aprobado es limitado, destacando que de “los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía” desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, “más de 14 años quedan completamente por fuera” por el criterio de que se tendrán en cuenta solo 12 momentos específicos.
Los activistas también han advertido que es necesario también derogar varios otros instrumentos legales que han dado pie, aseguran, a detenciones arbitrarias. Mencionan la “Ley contra el Odio” promulgada por Maduro en 2017 que restringe la acción de los medios de comunicación y fija penas de 10 a 20 años de cárcel para quien “promueva delitos de odio e intolerancia”.
Maduro sostenía que mensajes de los medios y en las redes sociales desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio de 2017 dejaron más de 120 muertos. Los partidos opositores, empero, afirmaban que la ley criminalizaba la protesta pacífica.
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