Juez federal prohíbe la mayoría de arrestos de agentes federales en cortes migratorias de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Los agentes federales ya no pueden realizar arrestos sin circunstancias excepcionales en y alrededor de tres edificios de Manhattan donde se llevan a cabo procedimientos de inmigración, dictaminó un juez.

La decisión del juez federal de distrito P. Kevin Castel pone un freno abrupto a una práctica iniciada durante el gobierno de Trump que permitió a los agentes detener a personas que cumplen con los requisitos de presentarse ante jueces de inmigración.

Los arrestos han provocado escenas dramáticas en los pasillos de los tribunales, en las que en ocasiones los detenidos eran apartados de familiares conmocionados.

Castel señaló en una decisión por escrito que, si bien existía “un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes de inmigración”, también había un interés serio en permitir que las personas asistan a los procedimientos de deportación y presenten solicitudes de asilo ante un juez “sin temor a ser arrestadas”.

Indicó que los agentes federales aún pueden detener a personas en lugares alejados de las cortes de inmigración y también pueden realizar arrestos en los juzgados de inmigración cuando existan amenazas graves para la seguridad pública.

Indicó que los límites establecidos en una política federal hace cinco años pueden seguir vigentes, pero que un caso judicial ante él probablemente concluiría que la retirada de esa política después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo fue “arbitraria y caprichosa”.

Castel también señaló que los abogados del gobierno revirtieron recientemente su postura, al afirmar que han sabido que las políticas de 2025 sobre arrestos en y alrededor de los tribunales establecidas por el gobierno de Trump no se aplicaban, después de todo, a los tribunales de inmigración.

El juez, que el año pasado se había negado a prohibir la práctica, afirmó que la nueva postura de los abogados del gobierno significaba que era necesario “corregir un error claro y evitar una injusticia manifiesta”.

El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Make the Road NY y otros.

Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, lo celebró.

Lo calificó como “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procedimientos en el tribunal de inmigración”.

Los mensajes en busca de comentarios del Departamento de Seguridad Nacional no recibieron respuesta de inmediato. Un portavoz de los abogados del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

La decisión de Castel, que no se aplicaba a todo el país, se refería a las cortes de inmigración en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Manhattan. La sede del FBI en Nueva York también se encuentra en 26 Federal Plaza, un gran edificio frente a dos tribunales federales cerca del Ayuntamiento.

Las organizaciones presentaron por primera vez la demanda el agosto pasado en nombre de los grupos de defensa de inmigrantes African Communities Together y The Door.

“Ante el continuo señalamiento de nuestros miembros jóvenes por parte de este gobierno, esta decisión nos trae esperanza”, afirmó Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, afirmó.

“Nuestro personal sigue trabajando incansablemente para apoyar a los miembros de Door que estaban aterrorizados de acudir a sus comparecencias obligatorias ante el tribunal. Estamos con nuestros miembros para luchar por quienes se han visto afectados por los arrestos en los tribunales, incluidos quienes siguen detenidos, y por otras políticas crueles”, expresó Baltimore en un comunicado.