Inmigrantes que buscan la ciudadanía son blanco de la ofensiva de Trump contra voto ilegal

SAN FRANCISCO (AP) — La mayoría de los inmigrantes detenidos esta semana por las autoridades federales en California por presunto fraude electoral habían solicitado previamente la ciudadanía de Estados Unidos y ahora enfrentan cargos relacionados con mentir en sus formularios o durante entrevistas. Esos cargos podrían llevarlos a prisión por varios años y frustrar sus intentos de naturalizarse.

Uno de ellos es José Antonio Bañuelos Díaz, de 42 años, quien solicitó la ciudadanía en octubre de 2025, luego de llevar 40 años en el país y pasar toda su vida adulta como residente permanente legal. El gobierno federal asegura en su acta acusatoria que Bañuelos Díaz afirmó indebidamente que era ciudadano cuando se registró como votante en 2007, y posteriormente mintió al respecto en documentos migratorios. No ha sido acusado de haber sufragado.

Bañuelos-Díaz contó a The Associated Press que no tenía idea de que se había registrado para votar hasta que fue arrestado el lunes fuera de su casa en Los Ángeles, aunque recuerda que recibió una licencia de conducir alrededor de 2007. En California, a las personas se les invita a registrarse para votar cuando solicitan una licencia de conducir.

“Nunca he votado porque sé que no puedo votar”, afirmó. “Si hubo un error, debieron hacérmelo notar de inmediato, no 20 años después”.

Fue puesto en libertad tras su arresto, pero enfrenta hasta cinco años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Las autoridades federales presentaron cargos el lunes contra más de una veintena de residentes permanentes legales en California, parte de una ofensiva contra personas acusadas de votar ilegalmente o de registrarse como votantes.

Hasta la mañana del jueves, el gobierno había presentado documentos de acusación en 10 de los 28 casos, ofreciendo detalles adicionales sobre cómo las autoridades se apoyaron en datos de registro de votantes para impulsar cargos penales más amplios relacionados con el estatus migratorio.

La mayoría de los inmigrantes acusados en California han vivido en el país durante al menos cinco años, y algunos de ellos tienen décadas en Estados Unidos. Podrían enfrentar un proceso de deportación si se determina que mintieron en su solicitud de ciudadanía.

Mentir en formularios migratorios conlleva una pena más dura

Los inmigrantes condenados por votar ilegalmente en Estados Unidos enfrentan hasta un año en prisión. Quienes son encontrados culpables de mentir en sus solicitudes de ciudadanía podrían pasar hasta una década tras las rejas.

El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que seis personas serán acusadas de haber votado sin ser ciudadanos, un delito menor. Los otros 22 detenidos enfrentan una combinación de cargos graves, como mentir en su solicitud de naturalización durante entrevistas o en formularios de registro de votantes.

En uno de los casos, agentes de Seguridad Nacional arrestaron a Pamele Arbues Line inmediatamente después de su entrevista de naturalización, el 15 de octubre en San Diego.

En su acta acusatoria, el gobierno federal sostuvo que Line presuntamente se registró para votar en cinco ocasiones y sufragó en varios comicios, pero en los documentos que presentó y en su entrevista aseguró que nunca había votado. Posteriormente admitió que se registró para votar cuando renovó su licencia de conducir el año pasado y dijo que votó una vez.

Line, originaria de Filipinas, dijo a las autoridades que pensaba que era ciudadana estadounidense porque su madre se había naturalizado después de que se mudaron al país hace más de 40 años. Pero Line, quien actualmente tiene 56 años, tenía 19 en ese momento y no quedó al amparo de la ciudadanía de su madre, según el gobierno. Se enteró que no era ciudadana en junio cuando fue a renovar su tarjeta del Seguro Social, y les dijo a los agentes que solicitó la naturalización ese mismo día, de acuerdo con los documentos.

De ser declarada culpable podría pasar al menos 10 años en prisión.

Trump aborda el presunto voto de no ciudadanos antes de los comicios

Los casos forman parte de las labores del gobierno del presidente Donald Trump por erradicar el voto de extranjeros no ciudadanos antes de las elecciones legislativas, a pesar de que los datos revelan que se trata de un problema es increíblemente raro, difícil de probar y que no se ha demostrado que altere el resultado de una contienda.

El Departamento de Justicia ha presentado una demanda contra el estado de California por no cumplir con una solicitud para verificar la ciudadanía de aproximadamente 20.000 votantes registrados que, según afirma, podrían ser no ciudadanos. El estado, que cuenta con más de 23 millones de votantes registrados, argumenta que cumple con las leyes federales y que las cifras del gobierno probablemente están sumamente infladas.

Funcionarios electorales estatales también señalaron que, una vez que una boleta es enviada por correo, se separa de cualquier identificación individual del votante, lo que hace imposible separar las boletas con base en la información proporcionada por el gobierno federal.

Más allá del tema del voto, el gobierno de Trump también ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias en todo el país, además de ralentizar la aprobación de solicitudes de naturalización. Según datos del gobierno, las autoridades aprobaron 58.000 solicitudes de naturalización entre abril y junio de 2026, menos de una cuarta parte del número aprobado en el mismo periodo de 2025.

Los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía después de tres años con la tarjeta de residencia permanente. Deben responder una larga serie de preguntas en materia electoral, actividades políticas y delitos, aprobar verificaciones de antecedentes y un examen de civismo, además de cumplir con requisitos de idioma inglés.

¿Qué llevó a las autoridades hasta los acusados?

El Departamento de Seguridad Nacional no reveló qué fue lo que llamó en un principio su atención hacia los inmigrantes acusados, pero señaló en un correo electrónico que la agencia revisó registros de naturalización y otros documentos como parte de su investigación. Algunos de los documentos judiciales describen una auditoría por realizada por Seguridad Nacional en agosto, con la cual se inició el proceso de identificación de los acusados de esta semana.

“Los derechos al voto de los ciudadanos estadounidenses deben protegerse”, señaló el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli al anunciar los cargos esta semana.

Amandeep Kaur, quien está entre las acusadas, ha vivido en el país desde hace ocho años y está en proceso de convertirse en ciudadana estadounidense, señaló su esposo, Kulwinder Singh.

Singh contó que ella obtuvo su licencia de conducir en 2024, pero presentó el examen escrito en hindi porque tiene dificultades con el inglés. No sabe si fue entonces que se registró para votar. Relató que ella recibió y devolvió una boleta en 2024, pero que ambos pensaron que se trataba de un formulario de registro.

Ahora su esposa está devastada con la noticia de que pudo haber hecho algo ilegal, añadió.

“No hace más que llorar. Es desgarrador”, expresó Singh, quien es ciudadano estadounidense.